El rol de la cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil en la integración de personas refugiadas: reflexiones desde el caso de población haitiana en la ciudad de Tijuana.

Por: Katya Johana Rubio Mejorado

En 2024, la población bajo protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alcanzó 147.6 millones de personas, de las cuales 32 millones eran personas refugiadas y 8 millones solicitantes de asilo(Secretaría de Gobernación, 2025). En este contexto, los desplazamientos forzados continúan representando uno de los principales desafíos humanitarios a nivel global y han colocado en el centro del debate internacional la necesidad de generar mecanismos de atención a este fenómeno.

En México, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas reportó que, durante 2025, hubo una reducción del 87 por ciento en los eventos de situación migratoria irregular, la emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias tuvo incremento del 133 por ciento, con respecto al mismo período del 2024 (Secretaría de Gobernación, 2025). Ante este escenario, México transita hacia el reto de consolidarse como país destino. Los foros internacionales han mantenido a la migración internacional y a las personas refugiadas como prioridades, tanto por su impacto demográfico como social, manteniendo una distinción jurídica importante entre ambos casos.

México forma parte de los principales instrumentos internacionales de protección a personas refugiadas y cuenta con un marco normativo nacional que regula el reconocimiento de esta condición, la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo (LSRCAP) y su reglamento, así como la Ley de Migración. Si bien existen diferencias jurídicas entre las figuras de asilo y refugio, el presente texto se concentra específicamente en las personas refugiadas y en los procesos de integración asociados a esta condición^[1].

La cooperación internacional (CI) ha buscado incidir en el papel que juegan las personas refugiadas como agentes de desarrollo, incentivando dinámicas de integración social, económica y cultural. Así lo refleja la visión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2019): “la migración bien gestionada puede contribuir al desarrollo económico y social”, de la misma manera, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible considera que se “reconoce claramente la contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo y los beneficios y oportunidades que ofrece una migración segura, ordenada y regular” (Organización Internacional para las Migraciones, 2018). Mientras que el Pacto Mundial sobre los Refugiados tiene entre sus objetivos “aliviar las presiones sobre los países de acogida y promover la autosuficiencia de los refugiados” (ACNUR, 2018).

Ahora bien, ¿Qué implicaciones tienen las agendas de cooperación y los organismos internacionales en incentivar procesos de integración? ¿De quién se habla cuando se propone una corresponsabilidad en estos procesos?

En cuanto al concepto de integración no existe un consenso académico sobre sus implicaciones, pero comúnmente es retomado el concepto propuesto por la OIM, como “proceso bidireccional de adaptación mutua entre las personas migrantes y las sociedades en las que viven, por el cual se incorporan a una vida social, económica y cultural de la sociedad receptora”, en el caso de la presente reflexión se mantiene la visión de la integración como un proceso multidimensional que involucra tanto a las personas refugiadas como a las comunidades receptoras.

El caso de la población haitiana en Tijuana invita a reconsiderar dónde y por quiénes se construyen realmente estos procesos. Tijuana posee una larga tradición de movilidad humana por su cercanía al cruce con Estados Unidos. Baja California destaca por el incremento de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado provenientes de Haití^[2], del período 2016-2022^[3] como consecuencia de las oficinas de atención fronterizas en Estados Unidos, asimismo esta ciudad posee una importante presencia de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia migratoria^[4].

En la reciente investigación titulada “El papel de los actores de la cooperación internacional en la integración de personas refugiadas en México: el caso de las personas haitianas en Tijuana, Baja California” con caso de estudio ubicado de 2016 a 2022, seleccionó cinco organizaciones^[5], un colectivo, dos oficinas gubernamentales y dos organismos internacionales para la realización de entrevistas semiestructuradas.

Los hallazgos permitieron observar que la labor de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) abarcaba desde ayuda humanitaria y ser un primer contacto, hasta programas de integración económica, social y cultural, como ferias de empleo, capacitación técnica laboral, enseñanza del idioma, orientación y apoyo jurídico. De igual manera se identificaron trabajos y proyectos conjuntos con organizaciones internacionales como UNICEF y OIM para el fortalecimiento estructural de albergues; asimismo, las OSC reportaron haber recibido apoyo de actores privados traducido en donaciones de mobiliario, transporte y material de construcción (Rubio, 2024).

En su conjunto las OSC eran quienes asumían un rol de liderazgo en el diseño e implementación de propuestas e iniciativas orientadas a la integración; pues ubicaron de manera primaria los planes de movilidad de las personas haitianas; adecuaron sus servicios a las necesidades que se plantean; y generaron espacios de escucha activa de esta población, siendo así que los programas con mayor participación fueron los orientados a necesidades concretas.

Aunque la integración se concibe desde las agendas internacionales como resultado de la interacción gobiernos, organizaciones y actores locales, en este contexto particular, la cooperación internacional fue percibida principalmente como una fuente de apoyo financiero, orientación y acompañamiento técnico. Si bien estos recursos fueron considerados importantes para fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones, las entrevistas sugieren que los procesos de integración observados en el ámbito local se encuentran estrechamente vinculados con la experiencia acumulada por las OSC^[6].

Entre las limitantes del trabajo con organismos internacionales, las OSC apuntan que la falta de formalidad en su conformación impedía el acceso a financiamiento por parte de los organismos.

Por otra parte, fue puntualizado que la integración no puede comprenderse únicamente a partir de las acciones establecidas desde la cooperación internacional, pues los factores de la composición sociohistórica, los indicadores sociales y económicos y la especialización de sus servicios para la población haitiana mantienen un gran peso y configuran en la ciudad de Tijuana un espacio posible para el establecimiento permanente de la población.

Finalmente, el caso haitiano muestra que las características de la población que llega son significativas para su recepción en la ciudad de acogida, pues los entrevistados parecen coincidir en que la existencia de redes de apoyo de la comunidad haitiana ha influido en su proceso de integración.

A la luz de estos hallazgos surge una reflexión pertinente: ¿hasta qué punto las prácticas desarrolladas por las OSC coinciden con la visión de integración promovida por la cooperación internacional? Más que ofrecer respuestas definitivas, el caso de la población haitiana en Tijuana permite observar que la integración se construye en espacios locales concretos y que son las OSC quienes continúan desempeñando un papel central en la construcción de respuestas frente a los retos que plantea la movilidad humana contemporánea, por lo que resulta necesario encontrar nuevos caminos donde la cooperación internacional sea capaz de fortalecer de manera sistemática esta labor. Lo anterior remite a uno de los desafíos más relevantes de la cooperación internacional en la actualidad: lograr que los compromisos, agendas y soluciones promovidas a nivel global puedan traducirse en capacidades sostenibles para los actores que impulsan estos procesos.

Notas:

^[1] El asilo se refiere a la protección que un Estado decide otorgar a una persona perseguida por motivos políticos, mientras que la condición de refugiado se reconoce como la protección que otorga el Estado al extranjero cuando se encuentre en territorio nacional y esté en peligro su vida, libertad o seguridad y demás supuestos contemplados en el artículo 13 de la LSRCAP.

^[2] El año 2016 significó un aumento en la movilidad de población haitiana al exterior por dos razones principales, inestabilidad interna y desastres naturales. La organización Human Rights Watch reportaba que en 2016 el sistema de justicia del país se encontraba colapsado, aunado a esto en octubre de ese mismo año, la llegada del Huracán Matthew destruyo hogares e infraestructura en gran parte del país.

^[3]Durante los años 2020, 2021 y 2022 Haití ocupó el segundo lugar en personas a las que les fue recocido el estatus de refugiado, únicamente después de las personas solicitantes de nacionalidad hondureña (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 2022).

^[4]De acuerdo con el Catálogo Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil 2023 se localizaron 26 organizaciones en materia migratoria

^[5]Las organizaciones y colectivos entrevistados fueron Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria, Centro 32, Templo Embajadores de Jesús, Espacio Migrante y Coalición Pro Migrante.

^[6] Se destaca que el establecimiento de las oficinas de COMAR en Tijuana y las oficinas de representación de ACNUR y OIM fue posterior a la llegada de personas haitianas a la ciudad, las organizaciones que se dedican a la atención de personas en movilidad cuentan con experiencia de más de veinte años en terreno, como es el caso de la Coalición Pro Defensa del Migrante.

Palabras clave: Cooperación Internacional, Personas refugiadas, Integración local, Organizaciones de la sociedad civil, Desarrollo

Perfil: Katya Rubio Mejorado es internacionalista, Maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo y especialista en Derecho Internacional Público. Cuenta con experiencia en análisis político, cooperación internacional, migración y relaciones institucionales. Ha colaborado con organismos gubernamentales y diplomáticos, entre ellos la Embajada de México en Polonia, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sus líneas de interés se centran en la gobernanza migratoria, los derechos humanos, la política exterior y la cooperación internacional para el desarrollo.

Referencias:

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2018). Pacto mundial sobre los refugiados: Nota introductoria de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Organización de las Naciones Unidas. https://www.acnur.org/media/pacto-mundial-sobre-los-refugiados-cuadernillo-nota-introductoria-de-la-oficina-del-alto

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2022). Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Diario Oficial de la Federación.

Organización Internacional para las Migraciones (2018). La migración en la Agenda 2030. https://publications.iom.int/system/files/pdf/sdg_es.pdf

Rubio, Katya (2024). “El papel de los actores de la cooperación internacional en la integración de personas refugiadas en México: el caso de las personas haitianas en Tijuana, Baja California”, Tesis de maestría, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, https://mora.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1018/788

Secretaría de Gobernación (2025). Anuario de migración y remesas México. Secretaría de Gobernación. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1058383/Anuario_Migracion_y_Remesas_2025.pdf

Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, & Secretaría de Gobernación (2025). Boletín mensual de estadística migratoria. https://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2025/Boletin_2025.pdf